viernes, 13 de enero de 2017

Un año de paz sin pandilleros, un anhelo que podría ser realidad en El Salvador

Por EBER HUEZO

Hace aproximadamente 22 años entrevisté a un reconocido jefe pandillero de la mara 18 en los alrededores de la colonia 10 de Octubre en San Marcos, San Salvador, le rodeaba un grupo de sus compañeros -la mayoría adolescentes- quienes atentamente escuchaban a su líder contestar a mis preguntas, que luego las transcribí para un semanario en la ciudad de Los Angeles, California.
Por su puesto que en esa fecha aunque las pandillas ya daban qué hablar en las distintas colonias de la periferia de San Salvador donde viven las familias más pobres, no estaban tan proliferadas como ahora.

Las autoridades calculaban para ese entonces unos 18 mil miembros, y los asesinatos se limitaban a unos cuantos sin causar ninguna alarma en el país y la comunidad internacional.
El jefe pandillero, quien curiosamente era hijo de una ex activista de la antigua guerrilla, hoy en el gobierno, vio en mi entrevista una gran oportunidad para expresar ciertos problemas sociales en el país que motivaban a los muchachos. sobre todo a los adolescentes, a asociarse en los grupos antisociales. Una de esas razones, me dijo, era la falta de oportunidades, la escasa existencia de programas educacionales para la inserción y re-adaptación a la sociedad de esos muchachos.
Me señaló a uno de los jóvenes que le acompañaban -un adolescente, a quien le calculé unos 16 años de edad- y luego me dijo: “Este por ejemplo, lo abandonó su padre para emigrar a los Estados Unidos, no sabe ni siquiera leer y escribir, mucho menos sabe un oficio; su mamá, apenas le alcanza para darles de comer, mucho menos para mandarlo a la escuela. Si busca trabajo no le dan oportunidad porque está tatuado, y la única forma que encontró para sobrevivir fue integrarse a la mara”.
No recuerdo más sobre aquella larga entrevista que le hice a este líder pandillero, pero si recuerdo que me confesó que voluntariamente estaba dejando la actividad pandillera para dedicarse a su hijo recién nacido, porque no quería que siguiera sus pasos de convertirse en un pandillero cuando creciera.
Algún tiempo después supe que lo habían involucrado en un asesinato que no había cometido en la colonia 10 de Octubre. Sus compañeros habían asesinado a un cobrador de buses por haberse atrevido a coquetear con la novia de uno de sus miembros y las autoridades responsabilizaron a él por ser reconocido como el jefe de ese grupo delincuente.
Las palabras de aquel líder pandillero sobre el origen de las pandillas en El Salvador quedaron en mi memoria, aunque con los años he comprendido que además de la exclusión social, el incremento de pandillas se deben al narcotráfico, la pérdida de valores cívicos y morales, la desintegración familiar, la migración y la deportación de millares de pandilleros desde los Estados Unidos entre otros.
De alguna forma da tristeza ver como en los últimos 25 años los distintos gobiernos en El Salvador -incluyendo el FMLN- sigan pensando que con represión van a desvanecer la existencia de pandillas en el país, cuando realmente es todo lo contrario.
Hoy por hoy, me llaman la atención dos iniciativas que surgen desde dos extremos relativamente opuestos, la voluntad del gobierno y el ex presidente Alfredo Cristiani, mandatario que firmó los Acuerdos de Paz, para firmar  un acuerdo que promueva la Cultura de Paz en el país en el 2017.
Según ellos la declaratoria de promoción de Cultura de Paz permitiría desarrollar actividades en cada uno de los departamentos para hablar de los Acuerdos de Paz, donde sus protagonistas narrarían su experiencia y narrar también cuáles fueron los resultados de aquel acuerdo, y cuáles son los desafíos que se tienen ahora.
La otra iniciativa surge de un grupo de pandilleros, quienes dicen representar unos 60.000 a 70.000 integrantes. Ellos han manifestado su interés en abrir un diálogo con el Gobierno para desmovilizarse e integrarse a la sociedad. La oferta de las maras ha llegado a través de un reportaje en un periódico digital salvadoreño que entrevistó a tres representantes de las bandas criminales.
Los líderes justificaron su intención de negociar para detener la crisis de violencia que vive el país centroamericano y frenar la escalada bélica entre las pandillas y las fuerzas de seguridad. Estos enfrentamientos provocaron en 2016 más de 500 muertos entre los pandilleros y un poco más de 60 entre los agentes del Estado.
En el reportaje, uno de los pandilleros asegura que “todo ser humano tiene derecho a cambiar”. Y agrega: “No toda la vida va a andar uno haciendo cosas ilícitas”. En sus declaraciones, los delincuentes, a los que El Salvador califica como terroristas, proponen al Gobierno crear mesas de diálogo en las que estén presentes el Ejecutivo, las pandillas, los partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil.
Resulta interesante que las pandillas aprovechen el contexto de la conmemoración de los 25 años de los Acuerdos de Paz para proponer nuevamente un dialogo con el gobierno salvadoreño. Pero en este caso, un problema tan complejo como el de las pandillas,  parece difícil de resolver para cualquier gobierno en el contexto del diálogo. Primero, porque las motivaciones y acciones no son ideológicas sino criminales. Los asesinatos, las extorsiones y el tráfico de drogas están fuera de la ley, de manera que negociar con quienes cometen esos delitos resulta improcedente desde mi punto de vista.
Es por eso que la “negociación votos por privilegios” de algunos sectores políticos con las pandillas en las anteriores elecciones en El Salvador, fueron criticadas fuertemente porque se salía del marco legal para entrar a una estrategia ilegal y corrupta para llegar al poder. Pero resulta hasta cierto punto hipócrita abandonar esa premisa de la negociación cuando sabemos que aunque el gobierno salvadoreño ha implementado medidas represivas fuertes para reducir el accionar de las pandillas, los resultados siguen siendo pobres, y lejos de vislumbrar una solución, el problema se vuelve más complejo
Datos oficiales recientes indican que El Salvador cerró el 2016 con 5.278 homicidios (14,4 diarios) para una tasa de 81,2 por cada 100.000 habitantes. Y esa cifra representó una reducción del 20% con respecto al año previo, cuando también se registró un día sin homicidios: El 22 de enero de 2015. Fue en este año, sin embargo, que el país recuperó el título de más violento del mundo -fuera de los países en guerra- con una tasa de 104 homicidios por cada 100.00 habitantes.
Y las actuales cifras todavía están muy por encima de las alcanzadas durante una polémica tregua con las pandillas o "maras", repudiada por las actuales autoridades y quienes tienen la esperanza de acabar con las pandillas, pero a nuestro punto de vista es un ideal que no se va a cumplir aunque pretendamos ser optimistas.
El futuro no es prometedor si tomamos en cuenta el auge de las pandillas que se extiende a lo largo y ancho de países como Honduras, Guatemala, El Salvador y México. A esto debemos agregar la inminente deportación de más de tres millones de indocumentados que en su mayoría son miembros de pandillas.
Es necesario buscar soluciones más realistas basadas en su origen de exclusión económico y social y no solo represiva como se pretende; la inclusión de los pandilleros a la vida social no debe descartarse y no se debe descartar tampoco la negociación, pero no una negociación de dame y yo te doy, porque no es legal negociar con grupos que están fuera de la ley. Sino más bien tener un paquete de propuestas concretas para que los miembros de pandillas tengan la oportunidad de insertarse a la vida económica y social del país.
Los modelos de inclusión deben tomar en cuenta la salud mental y psicológica de todos aquellos que desean salirse de ese mundo hostil como son las pandillas. Asimismo, deben prepararse programas de salud mental que impliquen terapias consecutivas tomando en cuenta que estos jóvenes son víctimas de una psicosis de miedo e inseguridad y, como tal, están a la defensiva.
Por otro lado, deben prepararse talleres culturales que permitan una reeducación en la recuperación de valores cívicos, morales y espirituales. Por último, crear talleres vocacionales que les permitan a mediano plazo re insertarlos a la vida social y económica del país.
Por supuesto que para lograr lo anterior es necesaria la cooperación de todos los sectores del país, y en este sentido, y la iniciativa de desarrollar un acuerdo que promueva la Cultura de Paz en el 2017 es positiva, pero éste debe incluir, además de enseñar a las nuevas generaciones lo que significó los Acuerdos de Paz para El Salvador, propuestas concretas para darle solución al problema de las pandillas que socavan la paz y limita a la población vivir entre la violencia y la muerte.
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